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El Trámite de la Interdicción por Demencia

La temática de los procedimientos interdicción por demenciade interdicción es muy común, y es precisamente porque puede afectarle a una persona en cualquier época de su vida, debido a que ha nacido con una discapacidad o ésta es sobreviniente, como la demencia seníl.

A modo de ejemplo, un alto porcentaje de los juicios que se tramitan en la materia tienen su origen en la necesidad de que un Tribunal declare la interdicción de un sujeto y determine quién será su tutor o representante legal, con el objeto de que éste pueda obtener para aquél los beneficios establecidos en las leyes respectivas.

El tema del envejecimiento de la población en Chile, constituye una gran problemática que nuestro país tendrá que abordar seriamente en el futuro, a la vez que el crecimiento demográfico en los últimos 20 años ha ido disminuyendo ostensiblemente a cifras promedios de 1.7 y 1.8 %.

El concepto envejecimiento de la población según la OMS, corresponde al “aumento de la proporción de personas en los grupos de más edad de la población” (60-65 años). En nuestro país los registros en salud, seguridad social y otros se realizan utilizando la edad de 65 años o más, hecho que implica un criterio diferente de asumir la tercera edad.

Sin duda, es un aspecto relevante destacar la cantidad de consultas que los estudios jurídicos reciben con motivo de interdicciones, generalmente de personas mayores, y es que a sus hijos, nietos u otros parientes se les hace necesario tener a alguien que se haga cargo de su representación y administración hasta el final de sus días, más cuando quien fuera la persona que tenía todas sus capacidades, hoy ya no puede valerse por sí mismo.

Para comprender mejor este punto, he recopilado un compendio de preguntas y respuestas respecto del “procedimiento de interdicción” que espero colme algunas de sus interrogantes:

 

1.- ¿Cómo se inicia la interdicción?

La única entidad competente para calificar y certificar la discapacidad es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la cual puede concurrir la persona interesada, quienes lo/a representan o, las personas o entidades que la tienen a su cargo.  (En La Serena, la COMPIN está ubicada en Avenida Francisco de Aguirre N° 477).

Con esta Certificación, se debe dirigir al Registro Civil y de Identificación, el cual le corresponderá inscribir a la persona cuya discapacidad hubiera sido certificado. Con ello la persona incapacitada quedará en un registro nacional de discapacitados.

Una vez obtenida la certificación y la inscripción, es posible iniciar una gestión voluntaria de interdicción mediante una solicitud interpuesta ante el juzgado civil correspondiente al domicilio del/la incapacitado/a.

2.- ¿Qué es el procedimiento de interdicción por demencia?

Este procedimiento busca declarar la incapacidad legal de la persona mayor para realizar actos o contratos y de representarse a sí misma extrajudicial y judicialmente.  Quien solicita la interdicción por demencia asume la representación legal (Cuidado de la persona mayor como la administración de sus bienes).

3.- Quiénes pueden pedir la interdicción

El juicio de interdicción puede ser provocado por:

  • El/la curador/a del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.
  • El/la cónyuge no separado/a judicialmente del/la supuesto/a disipador/a o demente.
  • Cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado.
  • El Defensor Público, quien será oído incluso en los casos en que él no hubiera provocado el juicio.
  • Además, si la locura es furiosa o si la persona demente causa notable incomodidad a los habitantes, cualquier persona puede provocar la interdicción.

4.- ¿Cómo realizar el trámite de la solicitud de interdicción?

Como es una solicitud ante un tribunal y la comparecencia personal no está permitida, se requiere del patrocinio de un abogado.

5.- ¿Cómo se desarrolla el procedimiento?

Cuando la discapacidad mental de una persona se ha inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, la Ley N° 18.600 permite solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad y, previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo a la persona que la tuviera bajo su cuidado permanente.

6.- ¿Quiénes pueden ser curadores?

Una vez privada la persona de la administración de sus bienes o conjuntamente con la solicitud de interdicción, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.

El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de aquellas que la ley permite, que son:

  • Su cónyuge no separado judicialmente, salvo excepciones.
  • Sus descendientes.
  • Sus ascendientes, salvo excepciones.
  • Sus hermanos/as
  • Otros colaterales hasta en el 4° grado.
  • Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.
  • Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede deferir la curaduría a ambos.

7.- ¿Hay algún trámite posterior al judicial?

Si, el trámite de las inscripciones y las publicaciones. Los decretos de interdicción provisora o definitiva deben inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo y, notificarse al público mediante 3 avisos publicados en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia de la capital de la región, si en aquella no lo hubiera.

Estos trámites se exigen para evitar el desconocimiento de terceros que podrían alegar la inoponibilidad del decreto de interdicción.

La reclamación de paternidad

paternidadLa familia es la organización social más relevante, como señala nuestra Constitución Política, es el núcleo fundamental de la sociedad, es en ella donde se genera la personalidad y la identidad de un ser humano.

Haciendo referencia al origen, es decir, a nuestras raíces, la identidad se refiere a quienes son nuestros padres biológicos.

La relación personal más profunda que una persona tiene es con sus padres. El vínculo padres-hijos es muy fuerte, necesario e imprescindible; conocer quien es nuestra familia: nuestros padres, nuestros abuelos, cómo eran, dónde vivían, qué profesión ejercían, etc., hace parte de la identidad del ser humano. Tanto es así, que un rompimiento en la cadena de la filiación produce un perjuicio grave a las generaciones futuras, quienes no podrían saber sus orígenes debido a que existiría un “eslabón” faltante en la cadena, que ya por el tiempo transcurrido sería difícil de determinar.

El ordenamiento jurídico, para determinar éste vínculo entre padre/madre e hijo/hija nos establece como herramienta fundamental a las acciones de filiación.

¿Qué es la filiación?

La relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o madre de la otra.

¿Dónde concurrir para determinar una filiación?

Es competente para conocer de un juicio de filiación el Juzgado de Familia del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste último. En estos tribunales es posible ejercer, entre otras acciones de filiación, la acción de reclamación de paternidad.

Los juicios de filiación de desarrollan en dos audiencias. Si en la primera audiencia se reconoce la paternidad, el juicio queda concluido. Si la parte demandada no comparece, niega o manifiesta dudas acerca de su paternidad, el juez ordenará de inmediato la prueba de ADN.

En la actualidad, el examen de ADN es el método más seguro para el establecimiento de la filiación biológica ya que permite determinar la paternidad y/o maternidad con una certeza casi plena. El juez puede dar a esta prueba, por sí sola, valor suficiente para establecer la paternidad o la maternidad, o para excluirla.

Tal cual como lo señala nuestro Código Civil, la negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen hará presumir la paternidad o la maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda. Se entiende que hay negativa injustificada si, citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen.

¿Es necesario el patrocinio de un abogado?

Si, para solicitar la reclamación de paternidad es necesario tener el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, quien deberá presentar ante el juzgado de familia competente la correspondiente demanda de reclamación de paternidad.

¿Cuánto puede tardar un juicio de reclamación de paternidad?

Es relativo, puede prolongarse desde un mes a un año, dependiendo todo esto, de la dificultad de notificar al demandado, de si el demandado reconoce o no al hijo o hija en la primera audiencia, de si el demandado comparece o no a la toma de ADN o si tomándose la prueba de ADN ésta se realiza en el Servicio Médico Legal o en una institución privada, e incluso aun, de si se solicitase una segunda prueba de ADN.

¿Cuáles son los efectos de la filiación?

Uno de los efectos lo constituyen los derechos-deberes de los padres, englobados dentro de la autoridad paterna:

  • Crea el estado civil de hijo o hija respecto de la persona del reconociente.
  • La crianza o cuidado personal de los hijos.
  • La educación y establecimiento del menor, esto es, procurarle la educación, profesión u oficio que le permita subsistir por sí mismo.
  • El derecho a mantener una relación directa y regular (antes denominado derecho de visitas) para el padre o madre que no tenga el cuidado personal del menor.
  • Corregir a los hijos sin menoscabar su salud y desarrollo personal. Esta facultad excluye toda forma de maltrato físico y sicológico.
  • Los padres deben contribuir a estos deberes, a través de la obligación de dar alimentos.

La filiación hace surgir la Patria Potestad, la que supone para el o los padres que la tengan las siguientes facultades:

  • El derecho de usar los bienes del hijo y de percibir sus frutos.
  • La administración de los bienes del hijo.
  • La representación del hijo.

¿Existe sanción si pese a la oposición del demandado se determina su paternidad?

Si, nuestro Código Civil establece que cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre (o madre), aquél (o ésta) quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes.

El padre (o madre) conservará, en cambio, todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes.

Lo anterior, no obsta a que en lo futuro el hijo o hija, siendo plenamente capaz y por escritura pública o testamento, pueda restituir al padre o madre todos los derechos de los que está privado.

Tercería de posesión y de dominio

terceríaLas Tercerías de posesión y dominio.

Las Tercerías son aquellas intervenciones que efectúan terceros extraños a un juicio ejecutivo, pretendiendo dominio sobre los bienes embargados o posesión sobre los mismos.

En definitiva, el tercerista señala que los bienes que se encuentran embargados le pertenecen o están en su posesión, y por tanto solicita que se alce el embargo y que se le devuelvan dichos bienes, esto último, en el caso que los bienes hayan sido retirados por el depositario o por el martillero público.

La situación del embargo se da por la razón de que se presume legalmente que los bienes que se encuentran en el domicilio del ejecutado son de su propiedad, por tanto, pueden ser perseguidos por sus acreedores en virtud de su derecho o garantía general sobre los bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería de dominio o de posesión es hasta antes de que se realice el remate.

Una vez que se obtiene la sentencia favorable de tercería, se alzará el embargo de los bienes del tercerista y ya podrá hacer uso y disposición de ellos sin limitaciones.

El recurso de protección: una manera eficaz de protegerse de los abusos de terceros

recurso¿Qué es el recurso de protección?
En sí mismo no es un recurso, más bien es una acción constitucional. Es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales.

¿Cuáles son los derechos y libertades amparados por el recuro de protección?
Los derechos respecto de los cuales se puede presentar este recurso se encuentran contemplados en el artículo 20 de la Constitución, que establece cuáles de los numerales del artículo 19 de la Constitución Política quedan protegidos por dicha acción. En términos generales son los siguientes:

  • Derecho a la vida.
  • Igualdad ante la ley.
  • Derecho ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho.
  • Derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
  • Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
  • Libertad de conciencia y libertad de culto.
  • Derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado.
  • Libertad de enseñanza.
  • Libertad de opinión e información.
  • Derecho de reunión.
  • Derecho de asociación.
  • Libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación.
  • Derecho de sindicalización.
  • Libertad para desarrollar cualquier actividad económica.
  • Derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica.
  • Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.
  • Derecho de propiedad.
  • Derecho de propiedad intelectual e industrial.
  • Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando sea afectado por un acto u omisión imputable a una persona o autoridad determinada.

¿Cuál es el objetivo del recurso de protección?
Que la Corte ordene todas las medidas necesarias para reestablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Igual se pueden presentar otras acciones ante la autoridad o los Tribunales de Justicia.

¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección?
Cualquier persona, natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente o un tercero en representación de ellas.

¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de protección?
El patrocinio de un abogado no es necesario, sin perjuicio de ello se recomienda una asesoría previa al interponer el recurso de protección.

¿Dónde se debe interponer el recurso de protección?
Ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el acto o se incurrió en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione la vulneración.

¿Cuál es el plazo para presentar un recurso de protección?
El plazo es de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la Corte.

¿Qué requisitos formales debe tener el recurso de protección?
El recurso se debe presentar por escrito y fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas.

Fuente: www.bcn.cl

Libertad para elegir internet y televisión por cable en edificios y condominios

internet¿Qué se exige a los proyectos inmobiliarios en relación a las instalaciones para proveer servicios de telefonía, internet o televisión pagada?
En todo proyecto de condominio o edificio que considere instalaciones de telecomunicaciones debe asegurarse la libre elección de los servicios de telefonía fija, internet y televisión pagada para cada una de las unidades. Esto rige para todos, estén o no acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria.

¿Cómo se traduce la libre elección en la práctica?
Cualquier proyecto inmobiliario que considere servicios de telecomunicaciones debe tener la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas. Esta obligación rige tanto para instalaciones interiores como exteriores.

¿Qué beneficio significa esto para propietarios y arrendatarios?
Las personas que habitan las casas o departamentos tienen derecho a elegir libremente el proveedor de los servicios. No se les puede imponer una compañía determinada. Con esto se termina la exclusividad que algunas empresas gozaban en algunos edificios o condominios.

¿Qué pasa si los copropietarios o el comité de administración acuerdan por mayoría elegir una empresa proveedora?
Un acuerdo de tal naturaleza no se puede imponer a todos y no obliga a quienes deseen contratar con otra compañía.

¿Qué deben hacer las empresas que inician un proyecto inmobiliario?
Las empresas que llevan adelante los proyectos inmobiliarios deberán inscribirlos en un registro público y electrónico que será implementado y mantenido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La idea es que los operadores de telecomunicaciones puedan adoptar las medidas para prestar sus servicios en dichos proyectos. Esa inscripción es requisito para la recepción de las obras.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene la obligación de dictar un reglamento junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para regular la forma de inscripción de los proyectos en el citado registro.

¿Qué funciones se agregan al administrador de un condominio o edificio?
El administrador deberá cerciorarse de que la infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones no sea intervenida por terceros con el objeto o efecto de impedir el ingreso de distintos operadores de telecomunicaciones. Mientras no haya elección de administrador por parte de la asamblea de copropietarios, esa tarea debe hacerla la empresa responsable del proyecto inmobiliario.

Ni la asamblea de copropietarios ni el comité de administración pueden llegar a acuerdos de exclusividad con ninguna empresa.

¿Qué pasa con los edificios anteriores a 2015 que tienen sólo un proveedor de un determinado servicio?
Cualquier propietario puede requerir al administrador que se hagan las obras necesarias para contar con al menos dos proveedores. Tales trabajos requerirán acuerdo de la asamblea de copropietarios y sólo podrá ser denegado en caso de que se pueda afectar la seguridad del edificio o condominio o su apariencia exterior. Cualquiera sea la naturaleza de las obras que se requiera ejecutar, éstas no podrán implicar un gasto extra o adicional para la copropiedad, salvo que así se acuerde en asamblea extraordinaria de copropietarios.

Fuente: www.bcn.cl

¿Cómo poner fin a un contrato individual de trabajo?

trabajo¿Qué es un contrato individual de trabajo?

Contrato individual de trabajo, según el artículo 7º del Código del Trabajo, es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

¿Cuáles son las causales legales para poner término a un contrato de trabajo?

  • Muerte del trabajador.
  • Mutuo acuerdo entre las partes.
  • Renuncia voluntaria.
  • Vencimiento del plazo convenido en el contrato.
  • Fin del trabajo o servicio.
  • Caso fortuito o fuerza mayor.
  • Conducta indebida de carácter grave, la que debe ser debidamente comprobada. Por ejemplo, falta de probidad del trabajador, acoso sexual o conducta inmoral.
  • Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del negocio y que aparecen como prohibidas en el contrato.
  • No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, o dos lunes en el mes, o un total de tres días en el mes.
  • Abandono del trabajo por parte del trabajador.
  • Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten el funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la actividad de los trabajadores.
  • Daño material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
  • Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
  • Por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

Esto según lo establecen los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo.

¿Cómo se comunica la terminación del contrato?
A través de una carta, que el empleador debe entregar personalmente o por correo certificado, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, que contenga lo siguiente:

  • la causal legal aplicada.
  • los hechos en los que se funda.
  • el monto de lasindemnizaciones, por término de contrato, si correspondiere.
  • estado en que se encuentren las imposiciones del trabajador, hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando comprobantes.

Tratándose de la terminación del contrato por la causal “necesidades de la empresa”, debe indicarse el monto a pagar por concepto de indemnizaciones por años de servicio, si es que procede ésta.

¿Qué plazos otorga la ley para comunicar el despido?
Cuando se invoque la causal “necesidades de la empresa”se debe comunicar con al menos 30 días de anticipación.
Si venció el plazo del contrato, finalizó el trabajo para el que fue contratado o por las causales disciplinarias del artículo 160, se debe informar dentro delos 3 días siguientes desde que deja de prestar servicio.
Si la causal de despido es caso fortuito o fuerza mayor, se debe comunicar dentro de los 6 días siguientes desde que deja de prestar servicio.

¿Qué pasa si el aviso no se entrega o no se envía en el plazo indicado?
Si se comunica fuera de plazo o no se entrega, el empleador puede ser sancionado con una multa a beneficio fiscal equivalente a 1 y hasta 6 unidades tributarias mensuales, en caso que éste haya invocado las causales de los artículos 160 y 159 números 4-5.
En los casos que el empleador invoque la causal de necesidades de la empresa o la causal de desahucio, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual.

Si quiero renunciar a mi trabajo ¿qué debo hacer?
Presentar la renuncia por escrito y firmada, con al menos 30 días de anticipación. Ésta además debe ser ratificada por un ministro de fe, un notario público o un inspector del trabajo.

¿Quién decide que el trabajo o servicio ha llegado a su fin?
El empleador, sin perjuicio de que el trabajador puede reclamar ante los tribunales de justicia si estima que el despido es improcedente, injustificado o indebido. En ciertos casos de auto despido es el trabajador quien decide terminar la relación laboral.

¿Debe el empleador informar al trabajador en qué se basa para aplicar “necesidades de la empresa” como causal del despido?
Sí, el empleador debe señalar por escrito al trabajador los hechos en que se funda y las causales que invoca para proceder al despido.

¿Dónde puedo reclamar si considero mi despido injustificado?
Si considera injustificado, improcedente o indebido su despido, cuenta con dos posibilidades de reclamo: el reclamo judicial, ante los Tribunales de Justicia y el reclamo previo, administrativo ante la Inspección del Trabajo.

¿En qué consiste el reclamo ante la Inspección del Trabajo?
El reclamo origina una citación al empleador para que concurra a la Inspección a un comparendo de conciliación ante un fiscalizador. El objetivo es llegar a un avenimiento y de no lograrse un acuerdo, el trabajador deberá recurrir a los Tribunales del Trabajo.

¿Qué plazo tengo para reclamar ante los Tribunales de Justicia?
Tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha del despido. En el evento que el trabajador interponga el reclamo ante la Inspección del Trabajo, el plazo para reclamar ante los tribunales se suspende. El plazo continúa corriendo una vez concluido el reclamo administrativo. Sin embargo, no se podrá recurrir a los tribunales después de transcurridos 90 días hábiles desde la separación del trabajo.

¿Se necesita el patrocinio de abogado para comparecer ante la Inspección del Trabajo y ante el Juzgado del Trabajo?

Para comparecer ante la Inspección del Trabajo no es necesario hacerlo mediante un abogado, basta con la comparecencia personal. Sin embargo, es recomendable una adecuada asesoría previa o valerse de la representación de un abogado para una mejor defensa de sus intereses.

Caso distinto es la comparecencia ante el Juzgado del Trabajo, en donde sí se requiere el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

El divorcio; regulación y tramitación

divorcio

¿Qué es el divorcio?

El divorcio es el término absoluto, pleno y duradero de un vínculo matrimonial válido, solicitado por uno o ambos cónyuges y cumpliendo con los demás requisitos legales.

¿Cuáles son las causales para pedir el divorcio?

Existen dos grupos de causales:

  1. El cese de la convivencia:Es decir, que los cónyuges no hagan vida en común. En este caso el divorcio puede ser solicitado por ambos de común acuerdo, o bien sólo por uno de ellos.

En el caso de ser ambos cónyuges los que pidan su divorcio de común acuerdo, debe haber transcurrido al menos un año desde el término de la vida en pareja, lo que debe ser acreditado en el juicio.

Siendo sólo un cónyuge el que lo solicite (sin acuerdo del otro), deben haber transcurrido al menos tres años desde el cese de la convivencia en pareja, lo que debe ser acreditado en el juicio.

  1. Culpa imputable a uno de los cónyuges: Consiste en aquellas conductas que infrinjan gravemente los deberes y obligaciones propias del matrimonio, o los deberes y obligaciones que se tienen respecto de los hijos, que tornen intolerable la vida en común.

Tratándose de esta causal, el divorcio lo puede solicitar el cónyuge afectado sin necesidad de esperar plazo alguno.

¿Qué juzgado es competente para conocer un juicio de divorcio?

La regla general es que el juzgado competente para conocer de un juicio de divorcio es el Juzgado de Familia del domicilio del cónyuge demandado. Si son ambos cónyuges los que solicitan el divorcio de común acuerdo será competente el Juzgado de Familia del domicilio de cualquiera de ellos, pues hablamos de una solicitud y no de una demanda.

¿Es necesario el patrocinio de un abogado?

Sí, en estos juicios se necesita siempre un abogado para demandar y comparecer ante los Tribunales de Familia, salvo que el juez en caso necesario haga una excepción por motivos fundados.

¿Es posible divorciarse si el otro cónyuge reside en el extranjero?

Si, sólo hace falta tener su domicilio en el país extranjero para efectos de su notificación, si no se tiene noticias de su paradero sólo hace falta acreditar su ausencia por un período de tiempo prolongado, cumpliendo además con otros trámites procesales.

¿Cuánto demora el procedimiento de divorcio?

La regla general es que sea breve (desde dos semanas a tres meses), esto, por los principios de celeridad, continuidad y concentración de los tribunales. Sin embargo, el tiempo que pueden demorar estos procedimientos judiciales es variable y dependerá de factores como la carga de trabajo del juzgado de familia y la rapidez con que se encuentre y notifique al demandado. También dependerá de los temas que se discutan en el juicio.

¿Por qué conviene más un divorcio por “mutuo acuerdo”?
Porque son las mismas partes, y no un tercero (el juez) las que regulan sus relaciones mutuas, las relativas a sus hijos y a sus bienes. El juez aprobará el acuerdo siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Además, a diferencia del divorcio unilateral, se puede solicitar después de un año del término de la vida en pareja.

Otro beneficio que se presenta a diferencia de los divorcios unilateral y por culpa es que no existe la necesidad de notificar a un cónyuge demandado. Disminuyendo todo esto los costos procesales.

¿Se puede volver a contraer matrimonio luego de divorciarse?

Sí. Para casarse nuevamente la persona tiene que estar divorciada. Es decir, debe existir la sentencia de divorcio firme y ejecutoriada.
La sentencia deberá subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial en el Registro Civil. Sólo después de verificada esa subinscripción, los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, pudiendo volver a contraer matrimonio.

¿Qué ocurre con los bienes del matrimonio, luego de que se decreta judicialmente el divorcio o a la nulidad?
Con el término del matrimonio se pone fin al régimen de bienes que existía entre los cónyuges (sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales). La forma en que se repartirán los bienes dependerá de las reglas propias de cada régimen.

Fuente: www.bcn.cl

División de predios rústicos

divisionLa Ley General de Urbanismo y Construcción (DFL 458 de 1976) en su artículo 65 establece que el proceso de subdivisión y urbanización del suelo comprende la subdivisión de terrenos, sin que se requiera la ejecución de obras de urbanización, por ser suficientes las existentes.

Este procedimiento administrativo, consiste en la división de un determinado terreno en otros lotes de menor superficie. Limitados por una superficie predial mínima expuesta en cada plan regulador comunal (cuando el predio fuere urbano o urbano-agrícola).

¿Qué son los predios rústicos?

Son terrenos que se pueden usar para la agricultura, la ganadería o actividades forestales que se encuentran en todo Chile fuera de los límites urbanos.

En Santiago y en Valparaíso los predios rústicos deben estar ubicados fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales, mientras que en Concepción se encuentran fuera del plan regulador metropolitano de esa ciudad.

¿Pueden los propietarios de los predios rústicos dividirlos libremente?

Pueden dividirlos, pero, en general, para hacerlo tienen que cumplir un requisito: Los lotes resultantes de la división tienen que tener una superficie que no sea inferior a media hectárea, es decir 5 mil metros cuadrados. La subdivisión no debe implicar un cambio de uso o destino del suelo

¿Hay casos en que se puede hacer la división generando terrenos de menos de media hectárea?

Sí, pero se autoriza en casos muy específicos. Ocurre cuando sean divisiones que deben autorizar el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Agricultura en uso de algunas facultades legales que les fueron traspasadas desde la antigua Oficina de Normalización Agraria, durante el proceso posterior a la Reforma Agraria.

También se puede hacer cuando son divisiones que deban efectuarse para los efectos de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella y cuando se trate de terrenos que deban ser subdivididos por el Ministerio de Obras Públicas para construir obras de regadío, de vialidad u otras.

Otro caso es autorizado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando se deban abrir calles para realizar la actividad agrícola, para construir viviendas para los propietarios del terreno o para hacer casas autorizadas de hasta mil UF de valor bajo el sistema de subsidio habitacional.

Se pueden también dividir en terrenos más pequeños cuando se transfiera la propiedad a entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro, cuando se traspasa la propiedad al fisco, a las municipalidades y a los gobiernos regionales o a organizaciones comunitarias o sindicales.

Otra excepción es cuando se transfiera a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para el adquirente (padres, hijos, suegros, yernos, nueras e hijos del cónyuge) y siempre y cuando el predio no tenga un avalúo fiscal superior a las 1.000 UF.

¿Dónde puedo averiguar si mi predio rústico lo puedo dividir en lotes de menos de media hectárea?

En el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dependiente del Ministerio de Agricultura.

Todo propietario o propietaria que desee subdividir su propiedad sin cambiar el uso agrícola del suelo, debe contar con un certificado emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero que establecerá que la subdivisión que se quiere efectuar cumple con la normativa vigente.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de estas normas?

Las Secretarías Regionales Ministeriales de la Vivienda y Urbanismo y las Municipalidades y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento de cualquiera de esos organismos ejercerá las acciones de nulidad si proceden.

Fuente: www.bcn.cl

¿Qué hacer ante un arrendatario moroso?

arriendo

La ley de Arrendamiento rige para bienes raíces urbanos. No incluye a los predios superiores a una hectárea y que sean destinados o usados para actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Tampoco se aplica la ley de arriendo a los inmuebles fiscales, viviendas que se arriendan amobladas por temporadas no superiores a tres meses para fines de descanso o turismo, ni a los hoteles o residenciales. No aplica a estacionamientos, ni rige para las viviendas que se arriendan con promesa de venta, sistema conocido como de leasing.

¿Es necesario escribir el contrato?
La legislación chilena no obliga a escribir el contrato. Sin embargo, es aconsejable que quede por escrito, en especial para evitar los conflictos y probar ante tribunales los incumplimientos. Un contrato ante notario, puede contener el valor de la renta, la forma de reajuste, la duración del contrato y en general cualquier otra cláusula que ambas partes acuerden. Puede también incorporar el inventario de los bienes que componen la propiedad.

¿Puedo llevar a juicio a un arrendatario por deuda de arriendo?

Sí, la ley faculta a un arrendador a entablar un juicio contra el arrendatario de una propiedad si no le ha pagado el arriendo.

¿Cuántos meses de morosidad debería haber antes de hacer una demanda?

La ley da derecho al arrendador a entablar un juicio después de un período entero de mora, o sea, si el pago del arriendo es mensual, basta con un mes sin pago.

¿Qué necesito para presentar la demanda?

El demandante debe primero fijar qué elementos usará para probar la morosidad del arrendatario. Si usa testigos para probar, éstos no pueden ser más de cuatro, cuyos nombres deben estar incluidos en la demanda.

¿Necesito un abogado?

No si el monto del arriendo es inferior a 4 UTM. Para montos superiores se requiere la representación de un abogado.

¿Ante qué juzgado se presenta la demanda?

Juzgados Civiles.

¿El juicio es oral o escrito?

El juicio es verbal, pero las partes podrán presentar minutas escritas relatando los hechos y haciendo sus peticiones.

¿Cuánto demora el juicio?

Los juicios deben ser rápidos. La primera audiencia debe ser máximo cinco días hábiles después de la notificación de juicio. En esa primera audiencia ambas partes deben relatar los hechos, presentar pruebas y tratar de lograr un acuerdo. Si el demandado no puede presentar pruebas de inmediato, lo puede hacer en una nueva audiencia que debe hacerse dentro de máximo cinco días. Luego de eso, el juez tiene un plazo de diez días para dictar sentencia.

¿Es posible llegar a un acuerdo con el demandado?

Sí, durante el juicio el juez llama a las partes a conciliación y si no se logra, el juez pedirá las pruebas para él decidir y dictar una sentencia.

Al momento de establecer la demanda ¿se puede solicitar que el arrendatario moroso abandone la propiedad o la vivienda?

Sí, para eso hay un plazo máximo de dos meses. Se puede extender ese plazo, con el criterio de un mes por cada año de arriendo, con un tope de seis meses.

¿Se puede apelar al fallo?

Sí, pero sólo la sentencia de primera instancia y las resoluciones que pongan término al juicio. Tras el nuevo fallo no se puede apelar más.

¿Se puede exigir a un arrendatario moroso el pago de cuentas de servicios (luz, agua, gastos comunes y otros)?

Sí, el arrendatario debe pagar todas las cuentas morosas incluso en el período en que dure el juicio, hasta que se pague todo lo adeudado o se entregue la propiedad al arrendador. El arrendador además puede notificar a las compañías de que hay una demanda en curso, por lo que el demandado queda como único responsable del pago de las cuentas.

Si el deudor es obligado a pagar, ¿debe hacerlo con intereses por el atraso?

Sí, el interés será la variación de la UF entre la fecha en que el pago debió hacerse y la fecha en que efectivamente se hizo.

Una vez finalizado el juicio ¿se puede solicitar que el arrendatario moroso abandone la propiedad o vivienda?

El juez puede dictar como sentencia que el arrendatario entregue la propiedad en un plazo máximo (contando solicitudes de prórroga) de quince días. Si llegado el día el arrendatario no ha entregado la propiedad, el juez puede ordenar el lanzamiento, que debe ser apoyado por la fuerza pública.

También es posible que el juez declare que la demanda no tiene lugar. En ese caso no se puede presentar una nueva demanda hasta seis meses después, a menos que hayan ocurrido nuevos hechos.

Fuente: www.bcn.cl